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Un aborto por minuto. Casi un aborto por cada nacimiento. Según el estudio de las investigadoras Alejandra Pantelides y Silvia Mario, encargado por la Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria (Conapris), del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina se realizan anualmente entre 460 y 600 mil abortos clandestinos. Casi 70.000 mujeres requieren atención médica por infección o hemorragia como consecuencia del uso de métodos inseguros y 100 mueren por año. En democracia, al menos 3.000 mujeres murieron por intervenciones mal hechas. El aborto sucede, está ocurriendo; es una verdad innegable.
Mientras tanto, la ilegalidad y las barreras administrativas en los casos no punibles siguen estimulando un mercado clandestino que maneja cada vez más dinero. La organización Lesbianas y Feministas por la Legalización del Aborto presentó el 26 de noviembre pasado un informe con una cifra estimativa de la plata que mueve este negocio: 1.000 millones de pesos al año.
Ese número es el resultado de multiplicar cada interrupción clandestina, quirúrgica o farmacológica, por un costo promedio de 2.000 pesos. Se calcula que hoy los precios de una intervención oscilan entre 1.000 y 5.000 pesos dependiendo de la localidad, de la cantidad de médicos que hacen abortos en la zona y de la semana de gestación.
El dato no es menor si se lo compara con los 35 millones de pesos que invirtió el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en 2009. Esto quiere decir que las mujeres invierten en el mercado negro casi 30 veces más que el Estado.
Históricamente el negocio de los abortos quirúrgicos estuvo vinculado a la penalización. El temor a ser denunciada a la policía y la vulnerabilidad por la situación de clandestinidad permitió todo tipo de abusos y maltratos por parte de clínicas ilegales y médicos. En algunos casos, los mismos profesionales de la salud que utilizaban el criterio de objeción de conciencia para los abortos no punibles en hospitales públicos, practicaban intervenciones clandestinas en clínicas privadas.
Mientras tanto, la ilegalidad y las barreras administrativas en los casos no punibles siguen estimulando un mercado clandestino que maneja cada vez más dinero. La organización Lesbianas y Feministas por la Legalización del Aborto presentó el 26 de noviembre pasado un informe con una cifra estimativa de la plata que mueve este negocio: 1.000 millones de pesos al año.
Ese número es el resultado de multiplicar cada interrupción clandestina, quirúrgica o farmacológica, por un costo promedio de 2.000 pesos. Se calcula que hoy los precios de una intervención oscilan entre 1.000 y 5.000 pesos dependiendo de la localidad, de la cantidad de médicos que hacen abortos en la zona y de la semana de gestación.
El dato no es menor si se lo compara con los 35 millones de pesos que invirtió el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en 2009. Esto quiere decir que las mujeres invierten en el mercado negro casi 30 veces más que el Estado.
Históricamente el negocio de los abortos quirúrgicos estuvo vinculado a la penalización. El temor a ser denunciada a la policía y la vulnerabilidad por la situación de clandestinidad permitió todo tipo de abusos y maltratos por parte de clínicas ilegales y médicos. En algunos casos, los mismos profesionales de la salud que utilizaban el criterio de objeción de conciencia para los abortos no punibles en hospitales públicos, practicaban intervenciones clandestinas en clínicas privadas.
Especulación farmacéutica. La llegada hace unos años del aborto con recursos farmacológicos, y específicamente con Misoprostol y Mifepristone, se convirtió en una amenaza para este esquema. El Misoprostol es una droga considerada esencial para la Organización Mundial de la Salud (OMS) que tiene un uso abortivo hasta la semana nueve o 12. Es un método no invasivo –puede aplicarse en la casa, con un control médico posterior– y tiene el 1 por ciento de riesgo de infección y menos del 5 de hemorragia. Por estas razones, por el acceso y por el precio, los abortos farmacológicos tuvieron una rápida difusión en el país.
Pero como señalaron la socióloga María Alicia Gutiérrez y la ginecóloga Sandra Vázquez, en uno de los primeros estudios que se hizo sobre el método medicamentoso, Riesgos en salud reproductiva. Uso indebido de Misoprostol en adolescentes embarazadas, también en ese momento se encontró el modo de lucrar con el cuerpo de la mujer. Como en el 2003 esa droga era de venta libre, los farmacéuticos optaron por aplicar la venta fraccionada e ilegal y tener métodos de regulación de oferta. “Con cada chica que hablábamos teníamos un precio diferente. Podía costar 15 como 150 pesos. Además los farmacéuticos no estaban preparados y daban cualquier información”, comenta al respecto Gutiérrez, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Cuando las investigadoras Nina Zamberlin y Cecilia Gianni hicieron hincapié en la formación de estos profesionales, las restricciones vinieron por otro lado. El informe de Lesbianas y Feministas por la Legalización del Aborto señala que el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires logró entonces que el Misoprostol deje de ser de venta libre en todo el país y se pase a necesitar receta archivada.
Con esto, no sólo se han aumentado los costos sino que se desarrolló la venta ilegal del medicamento porque muchos profesionales se niegan a hacer receta o porque las mujeres sienten miedo de pedirla. “Hemos escuchado chicas que pagaron hasta cuatro veces más en el mercado clandestino. Y son mujeres que tienen que sacar un préstamo o que venden los muebles de sus casas para poder abortar”, comenta Verónica Marzano, trabajadora social e integrante de la organización. También el negocio se desarrolla en la web. Existen en internet miles de ofertas para comprar pastillas, aunque pocas garantías de que no vengan vencidas o adulteradas. Incluso a veces, cuenta Verónica, los paquetes vienen vacíos.
“La penalización del aborto hace que no podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos, al mismo tiempo que nos someten a todo tipo de mecanismos mercantiles. Es una forma de lucro que se relaciona con los otros modos de explotación económica sobre las mujeres”, señala Gabriela Díaz Villa, de Lesbianas y Feministas. O dicho de otra manera, es una demostración de que el cuerpo de la mujer produce muchísimo dinero. Incluso cuando aborta.
Pero como señalaron la socióloga María Alicia Gutiérrez y la ginecóloga Sandra Vázquez, en uno de los primeros estudios que se hizo sobre el método medicamentoso, Riesgos en salud reproductiva. Uso indebido de Misoprostol en adolescentes embarazadas, también en ese momento se encontró el modo de lucrar con el cuerpo de la mujer. Como en el 2003 esa droga era de venta libre, los farmacéuticos optaron por aplicar la venta fraccionada e ilegal y tener métodos de regulación de oferta. “Con cada chica que hablábamos teníamos un precio diferente. Podía costar 15 como 150 pesos. Además los farmacéuticos no estaban preparados y daban cualquier información”, comenta al respecto Gutiérrez, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Cuando las investigadoras Nina Zamberlin y Cecilia Gianni hicieron hincapié en la formación de estos profesionales, las restricciones vinieron por otro lado. El informe de Lesbianas y Feministas por la Legalización del Aborto señala que el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires logró entonces que el Misoprostol deje de ser de venta libre en todo el país y se pase a necesitar receta archivada.
Con esto, no sólo se han aumentado los costos sino que se desarrolló la venta ilegal del medicamento porque muchos profesionales se niegan a hacer receta o porque las mujeres sienten miedo de pedirla. “Hemos escuchado chicas que pagaron hasta cuatro veces más en el mercado clandestino. Y son mujeres que tienen que sacar un préstamo o que venden los muebles de sus casas para poder abortar”, comenta Verónica Marzano, trabajadora social e integrante de la organización. También el negocio se desarrolla en la web. Existen en internet miles de ofertas para comprar pastillas, aunque pocas garantías de que no vengan vencidas o adulteradas. Incluso a veces, cuenta Verónica, los paquetes vienen vacíos.
“La penalización del aborto hace que no podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos, al mismo tiempo que nos someten a todo tipo de mecanismos mercantiles. Es una forma de lucro que se relaciona con los otros modos de explotación económica sobre las mujeres”, señala Gabriela Díaz Villa, de Lesbianas y Feministas. O dicho de otra manera, es una demostración de que el cuerpo de la mujer produce muchísimo dinero. Incluso cuando aborta.
Miradas al Sur - 7/3/10
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