Una denuncia de Estela de Carlotto apunta a altos oficiales en actividad de la Federal.
El tipo tiene una simpatía arrolladora, además era un sabueso empeñoso y eficiente. Por tales atributos, los jueces del fuero federal solían desvivirse por contar con su presencia para resolver puntos oscuros en los expedientes más complejos. Lo cierto es que el subcomisario Carlos Antonio Garaventa era la estrella indiscutida de la División Operaciones de Seguridad Interior de la Policía Federal, y con su superior inmediato, el comisario Roberto de la Fuente, formaba una dupla envidiable. En los últimos tiempos ambos se habían abocado a diligenciar la recolección de pruebas en causas vinculadas con la apropiación de bebés durante la dictadura. En ese marco, sin embargo, se produciría el derrumbe de sus carreras: Estela de Carlotto informó esta semana que Garaventa fue el responsable de irregularidades cometidas en su momento con el propósito de impedir la identificación del nieto 102, cuyo nombre se mantiene en reserva. Lo cierto es que la resonante denuncia presentada por ella en nombre de Abuelas de Plaza de Mayo hizo que el 23 de agosto el Ministerio de Justicia separara al subcomisario de la fuerza. No menos cierto es que en este asunto podría anidar la punta del ovillo de una red de policías en actividad abocada a encubrir represores y desviar pesquisas por delitos de lesa humanidad. Al respecto, el abogado de Abuelas, Alan Iud, dijo a Miradas al Sur: “La comprobación del rol de Garaventa en el caso del nieto 102 podría tener incidencia directa en otros casos de apropiación, como el de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble”.
De hecho, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado –a cargo de la causa sobre la identidad biológica de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera–, dio a conocer el jueves pasado su intención de ordenar una toma compulsiva de sangre a los herederos de la dueña del diario Clarín, sin omitir una investigación acerca de cómo y por qué se contaminaron las pruebas anteriores; lo cierto es que ello apunta directamente sobre Garaventa y De la Fuente.
No menos cierto es que dichos uniformados acarrean otras sospechas, además de la que habrían cometido en relación al nieto 102, dado que también se los supone responsables de una trapisonda similar en el caso del joven Alejandro Pedro Sandoval Fontana, apropiado en 1977 por el gendarme Víctor Rei. Pero sobre este singular dúo de servidores del orden existen también indicios de que habrían malogrado posibles evidencias en otros ocho casos de apropiación, a lo que se suma un presunto encubrimiento vinculado con la causa que investiga el despojo de bienes del abogado mendocino Conrado Gómez por parte de represores de la Armada.
Lo que se dice, dos fojas de servicio puestas al servicio del error intencional.
De hecho, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado –a cargo de la causa sobre la identidad biológica de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera–, dio a conocer el jueves pasado su intención de ordenar una toma compulsiva de sangre a los herederos de la dueña del diario Clarín, sin omitir una investigación acerca de cómo y por qué se contaminaron las pruebas anteriores; lo cierto es que ello apunta directamente sobre Garaventa y De la Fuente.
No menos cierto es que dichos uniformados acarrean otras sospechas, además de la que habrían cometido en relación al nieto 102, dado que también se los supone responsables de una trapisonda similar en el caso del joven Alejandro Pedro Sandoval Fontana, apropiado en 1977 por el gendarme Víctor Rei. Pero sobre este singular dúo de servidores del orden existen también indicios de que habrían malogrado posibles evidencias en otros ocho casos de apropiación, a lo que se suma un presunto encubrimiento vinculado con la causa que investiga el despojo de bienes del abogado mendocino Conrado Gómez por parte de represores de la Armada.
Lo que se dice, dos fojas de servicio puestas al servicio del error intencional.
Los simuladores. En su edición del 29 de mayo, en la portada del diario Clarín resaltaba el siguiente título: “Insólito y vejatorio procedimiento policial”. Se refería al allanamiento efectuado el día anterior por orden de la jueza Arroyo Salgado en el domicilio de la propia señora Ernestina. Allí se encontraban Marcela y Felipe, quienes acababan de llegar del juzgado federal de San Isidro, en donde manifestaron su negativa para realizar los estudios de ADN que podrían establecer si son hijos de desaparecidos. En consecuencia, durante ese operativo los policías procedieron a secuestrar sus prendas íntimas con el propósito de obtener muestras genéticas. Ya se sabe que, exactamente al mes, el resultado del análisis realizado sobre aquellas ropas sería una suerte de contribución al realismo mágico, dado que estaban contaminadas con el ADN de varias personas de diferente sexo.
Ahora todo indica que la dinámica de este asunto habría comenzado en el instante mismo en que la magistrada ordenó a los policías el seguimiento de los hermanos Herrera Noble desde el juzgado de San Isidro hasta la casa de su madre adoptiva. Es que los policías no interceptaron el vehículo de Marcela y Felipe en las inmediaciones de dicho domicilio. Y, de modo inexplicable, aguardarían unos 20 minutos antes de entrar en acción para recolectar las pruebas.
El comisario De la Fuente, jefe del operativo, fue llamado a declarar en un trámite de rutina, antes de que se iniciara el análisis de la evidencia recolectada. En esa oportunidad afirmó que no quisieron interceptar el auto en las cercanías de la casa “para evitar un mal mayor, como podría haber sido un choque”. Cabe destacar que había un móvil policial estacionado en la puerta de la residencia de Ernestina, el cual dejó entrar la camioneta de Marcela y Felipe, sin siquiera amagar con acompañarlos. Esa misma semana estaba prevista la declaración de Garaventa, pero el subcomisario no estaba en Buenos Aires. Finalmente declaró cuando ya se sabía que las muestras estaban contaminadas, y su testimonio cobró otra relevancia. “Hubo un intento de interceptación, pero fracasó por la habilidad del conductor y la geografía del lugar en donde se realizó el procedimiento, por lo que no logró detener la marcha del vehículo ocupado por los chicos Herrera Noble”, dijo Garaventa ante la jueza.
Sobre la disparidad entre aquellas dos declaraciones, el abogado Iud diría: “Más allá de cuál versión sea cierta, los dichos de Garaventa y De la Fuente muestran cierta contradicción entre ambos: uno dijo que no se quiso, el otro que no se pudo”.
Los casos Noble, Sandoval Fontana y el del nieto 102 poseen varios denominadores en común: el hecho de que se trata de víctimas reticentes a recuperar su identidad, la similitud con la que se consumó la alteración de evidencias y, claro, los mismos policías encubridores.
Garaventa había participado en otros allanamientos anteriores. Hasta el momento, 26 casos han sido resueltos obteniendo el perfil genético de las víctimas a través de la extracción alternativa de ropa o elementos personales. Pero 11 de ellos debieron realizarse más de una vez, porque en una primera instancia las muestras obtenidas habían sido fraguadas.
El caso del nieto 102 fue uno; su identidad fue esclarecida luego de que el juez Rodolfo Canicoba Corral conminara a este joven a entregar su ropa durante una citación en el Juzgado Federal Nº6. Sucede que un intento anterior de obtener muestras, que consistió en requisar cepillos de dientes en su domicilio, derivó en un fracaso, puesto que los artículos decomisados pertenecían en realidad a la esposa del apropiador. El operativo estuvo justamente a cargo de Garaventa.
Otro fue el caso del nieto restituido Sandoval Fontana, quien luego contaría que fue advertido por su apropiador, el ex gendarme Rei, unos días antes del allanamiento, de que fuera a Campo de Mayo donde estaba preso, para entregarle los objetos contaminados que luego incautó la policía. Sandoval –quien en 2009, durante el juicio en el que se condenó a Rei a 16 años de prisión, asumió con entereza su condición de víctima– cree que fue precisamente Garaventa quien le proporcionó a su apropiador ese kit de efectos personales debidamente contaminados.
Garaventa también actuó, nueve años antes (aunque hasta ahora nada se ha dicho), en la causa que investiga un saqueo económico por parte de los marinos del GT 3.3.2. contra el abogado Conrado Gómez, mientras estaba cautivo en el inframundo de la Esma. Entre otros bienes, los represores lo despojaron de caballos de carrera, un departamento, un Ford Fairlane, tierras en San Juan y Mendoza, una caja fuerte repleta de efectivo, ropa, la máquina de afeitar y hasta la yerba y el café. El 13 y el 14 de junio de 2001, el juez Claudio Bonadío libró allanamientos en el Hipódromo de San Isidro y en una casa de la ciudad de La Plata para buscar documentación sobre algunas de las sociedades comerciales, bienes o actores involucrados en el robo. En San Isidro se colectó información de interés que fue enviada en sobre cerrado al juez de la causa. En La Plata, durante el operativo en el que fue comisionado Garaventa para encabezarlo, “no se logró el secuestro de elemento y/o documento alguno de interés para la investigación”. Tales fueron sus palabras, de acuerdo con la constancia que él mismo dejó en el acta de procedimiento.
Ahora todo indica que la dinámica de este asunto habría comenzado en el instante mismo en que la magistrada ordenó a los policías el seguimiento de los hermanos Herrera Noble desde el juzgado de San Isidro hasta la casa de su madre adoptiva. Es que los policías no interceptaron el vehículo de Marcela y Felipe en las inmediaciones de dicho domicilio. Y, de modo inexplicable, aguardarían unos 20 minutos antes de entrar en acción para recolectar las pruebas.
El comisario De la Fuente, jefe del operativo, fue llamado a declarar en un trámite de rutina, antes de que se iniciara el análisis de la evidencia recolectada. En esa oportunidad afirmó que no quisieron interceptar el auto en las cercanías de la casa “para evitar un mal mayor, como podría haber sido un choque”. Cabe destacar que había un móvil policial estacionado en la puerta de la residencia de Ernestina, el cual dejó entrar la camioneta de Marcela y Felipe, sin siquiera amagar con acompañarlos. Esa misma semana estaba prevista la declaración de Garaventa, pero el subcomisario no estaba en Buenos Aires. Finalmente declaró cuando ya se sabía que las muestras estaban contaminadas, y su testimonio cobró otra relevancia. “Hubo un intento de interceptación, pero fracasó por la habilidad del conductor y la geografía del lugar en donde se realizó el procedimiento, por lo que no logró detener la marcha del vehículo ocupado por los chicos Herrera Noble”, dijo Garaventa ante la jueza.
Sobre la disparidad entre aquellas dos declaraciones, el abogado Iud diría: “Más allá de cuál versión sea cierta, los dichos de Garaventa y De la Fuente muestran cierta contradicción entre ambos: uno dijo que no se quiso, el otro que no se pudo”.
Los casos Noble, Sandoval Fontana y el del nieto 102 poseen varios denominadores en común: el hecho de que se trata de víctimas reticentes a recuperar su identidad, la similitud con la que se consumó la alteración de evidencias y, claro, los mismos policías encubridores.
Garaventa había participado en otros allanamientos anteriores. Hasta el momento, 26 casos han sido resueltos obteniendo el perfil genético de las víctimas a través de la extracción alternativa de ropa o elementos personales. Pero 11 de ellos debieron realizarse más de una vez, porque en una primera instancia las muestras obtenidas habían sido fraguadas.
El caso del nieto 102 fue uno; su identidad fue esclarecida luego de que el juez Rodolfo Canicoba Corral conminara a este joven a entregar su ropa durante una citación en el Juzgado Federal Nº6. Sucede que un intento anterior de obtener muestras, que consistió en requisar cepillos de dientes en su domicilio, derivó en un fracaso, puesto que los artículos decomisados pertenecían en realidad a la esposa del apropiador. El operativo estuvo justamente a cargo de Garaventa.
Otro fue el caso del nieto restituido Sandoval Fontana, quien luego contaría que fue advertido por su apropiador, el ex gendarme Rei, unos días antes del allanamiento, de que fuera a Campo de Mayo donde estaba preso, para entregarle los objetos contaminados que luego incautó la policía. Sandoval –quien en 2009, durante el juicio en el que se condenó a Rei a 16 años de prisión, asumió con entereza su condición de víctima– cree que fue precisamente Garaventa quien le proporcionó a su apropiador ese kit de efectos personales debidamente contaminados.
Garaventa también actuó, nueve años antes (aunque hasta ahora nada se ha dicho), en la causa que investiga un saqueo económico por parte de los marinos del GT 3.3.2. contra el abogado Conrado Gómez, mientras estaba cautivo en el inframundo de la Esma. Entre otros bienes, los represores lo despojaron de caballos de carrera, un departamento, un Ford Fairlane, tierras en San Juan y Mendoza, una caja fuerte repleta de efectivo, ropa, la máquina de afeitar y hasta la yerba y el café. El 13 y el 14 de junio de 2001, el juez Claudio Bonadío libró allanamientos en el Hipódromo de San Isidro y en una casa de la ciudad de La Plata para buscar documentación sobre algunas de las sociedades comerciales, bienes o actores involucrados en el robo. En San Isidro se colectó información de interés que fue enviada en sobre cerrado al juez de la causa. En La Plata, durante el operativo en el que fue comisionado Garaventa para encabezarlo, “no se logró el secuestro de elemento y/o documento alguno de interés para la investigación”. Tales fueron sus palabras, de acuerdo con la constancia que él mismo dejó en el acta de procedimiento.
Las flores del mal. Las actividades de Garaventa y los suyos, por cierto, no sólo tienen que ver con el encubrimiento de crímenes imprescriptibles, sino con un delito –el de la apropiación de hijos de desaparecidos– que no cesa hasta el momento preciso en que la víctima recupera su identidad y su apropiador es condenado. Por consiguiente, no es producto de una fantasía suponer que estos últimos cuentan con un paraguas protector. Pero lo aterrador del asunto es que tales hacedores de impunidad sean actualmente nada menos que agentes del Estado. En caso de reducir semejante trama al tema de los Herrera Noble, se podría creer que los policías involucrados actuaron simplemente por alguna retribución crematística. Sin embargo, la reiteración física de los mismos encubridores de uniforme en otros diez casos similares conduce a la certeza de que en las entrañas de la Policía Federal funciona una estructura clandestina abocada a desviar investigaciones judiciales sobre delitos de lesa humanidad. Desde luego, tal operatoria no deja de tener sus responsables políticos, sean o no conscientes de este estado de cosas. No obstante, sobre semejante escenario flota una serie de interrogantes aún más ominosos: ¿A cambio de qué los involucrados sistematizan el ejercicio del encubrimiento? ¿Por qué razón lo hacen? Y, por último, ¿Para quién? En las respuestas a estos enigmas con toda seguridad anida el huevo de la serpiente.
